El relato y los números

Alquileres: desaceleran, pero no aflojan

Según Zonaprop, en julio de 2026 el alquiler de un monoambiente en CABA promedió $761.268 mensuales; un dos ambientes, $873.668; y un tres ambientes, $1.177.672. El rubro subió 1,6% en el mes y acumula 17,5% en el año, por debajo de la inflación del período (19,2%), lo que implica una leve caída real. La suba interanual fue del 30,7%.

La moderación nominal no equivale a accesibilidad. Con una oferta que se mantiene alta —3,4 veces el piso de febrero de 2023—, los precios de publicación se contuvieron, pero el punto de partida sigue siendo prohibitivo: el salario mínimo de agosto ($376.600) cubre apenas la mitad de la unidad más chica del mercado.

El salario que no alcanza

El alquiler promedio de un monoambiente equivale hoy a poco más de dos salarios mínimos. Y ese salario perdió cerca del 40% de su poder de compra desde noviembre de 2023. Alquilar dejó de ser una transacción de mercado para volverse una barrera estructural de acceso a la vivienda.

Desigualdad territorial

El mapa de precios reproduce la fractura de la Ciudad. En alquiler, Puerto Madero encabeza con $1.308.569, seguido por Núñez ($991.727) y Palermo ($973.988). En el otro extremo, Lugano ($656.159), Nueva Pompeya ($688.346) y Versalles ($711.857) concentran los valores más bajos. En venta, el metro cuadrado de Puerto Madero (USD 6.122) casi sextuplica al de Lugano (USD 1.053).

El Estado que se corre

La contracara del mercado es el repliegue estatal. El Instituto de Vivienda de la Ciudad ejecuta su presupuesto más bajo en siete años (−15% frente a 2022), con los programas de urbanización de villas y barrios populares 27% por debajo de aquel año. El gasto que sí crece en el área de hábitat se concentra en la atención a personas en situación de calle: mide el problema más de lo que lo resuelve.

El censo oficial reconoció 5.176 personas en situación de calle en la última medición, un 27,8% más que un año atrás; los relevamientos de las organizaciones sociales cuentan 11.892.

Lo que dice la ejecución

El Observatorio Económico de la Ciudad (OEC-CEPA) analizó las partidas de personal a precios constantes entre 2022 y 2026 y encontró que la inversión en trabajadores de la salud está en su nivel más bajo en cuatro años: una caída real del 12% frente a 2022. Hospitales de referencia como el Argerich, el Durand y el Fernández pierden entre 5% y 7% de sus recursos, y centros pediátricos y materno-infantiles como el Gutiérrez, el Elizalde y el Sardá registran caídas similares. El relato de la “fuerte inversión en salud” no aparece en los números.

El piso nacional que se hunde

El ajuste porteño se apoya en una retirada nacional más severa. La ejecución de la Administración Pública Nacional a junio de 2026 cae 34% real respecto de 2023, con la salud entre las funciones más golpeadas: la Superintendencia de Servicios de Salud retrocede más del 50%, los hospitales nacionales entre 28% y 53%, el Instituto Malbrán y la ANMAT cerca de 40%, y algunos programas críticos de prevención tienen ejecución nula. Se trata, en los hechos, de una provincialización del costo sanitario sin transferencia de recursos.

Salud mental: el eslabón más frágil

El subsistema de salud mental sigue siendo el más expuesto: los hospitales Alvear y Tobar García y los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica arrastran los recortes más profundos. Es el área con menos visibilidad y la que más rápido se deteriora.

La demanda no baja

La red pública —34 hospitales y 50 CeSAC— atiende a quienes no tienen obra social ni pueden pagar una consulta privada. Con una informalidad laboral que trepó al 44,2%, la presión sobre el sistema crece justo cuando los recursos se contraen. Los CeSAC son la puerta de entrada de los barrios populares, y su deterioro se siente en los tiempos de espera y en las derivaciones que no llegan.

Una estabilidad que engaña

La tasa de desocupación llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026, con 1,72 millones de personas buscando trabajo sin encontrarlo: 0,3 puntos más que en el cierre de 2025. Pero el dato más elocuente es la informalidad, que trepó al 44,2%, el nivel más alto desde el inicio de la serie. En apenas un año se destruyeron 32.211 puestos registrados mientras el sector informal absorbió más de 400.000 trabajadores. La subocupación, además, subió al 11,1%.

El empleo que se crea es precario

La lectura combinada es clara: el mercado “estabiliza” la desocupación a costa de multiplicar el trabajo no registrado y de tiempo parcial. Casi cuatro de cada diez asalariados no tienen descuento jubilatorio. No es que falte trabajo en términos absolutos; es que el que aparece llega sin derechos, sin aportes y sin protección.

El salario mínimo, en su piso histórico

El Salario Mínimo Vital y Móvil quedó fijado en $376.600 para agosto, el último tramo del esquema dispuesto por decreto ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario. Acumula una caída real cercana al 40% desde noviembre de 2023 y es el más bajo de la historia argentina en términos reales. Desde septiembre no hay aumentos fijados.

El mapa del desempleo

La desocupación golpea más fuerte en el conurbano bonaerense (9,7%) y en el Gran Buenos Aires en su conjunto (8,7%). La Ciudad, con uno de los costos de vida más altos del país, no queda al margen: alquilar, trasladarse y comer consume una porción creciente del ingreso, sobre todo entre las juventudes y los trabajadores informales, que en los barrios populares llegan a nueve de cada diez.

Presupuesto anunciado vs. gasto ejecutado

El seguimiento fiscal exige mirar no solo lo que se presupuesta, sino lo que se ejecuta. El nuevo informe del OEC-CEPA sobre el primer trimestre de 2026 muestra que el gasto total devengado del Gobierno porteño, a precios constantes, quedó 10% por debajo del de 2022. Algunas partidas se recuperan frente a 2025, pero la tendencia de mediano plazo sigue siendo descendente en educación, salud, vivienda y desarrollo económico.

Qué crece y para quién

El contraste más revelador está en qué partidas aumentan. En Espacio Público e Higiene Urbana el gasto creció 34% respecto de 2022, pero el incremento se concentra en las concesiones privadas de recolección de residuos, mientras el ente estatal que opera como testigo para regular esas tarifas cae 7%. Es un Estado que paga más a los privados y destina menos a su propia capacidad de controlarlos.

El espejismo del gasto social

Otro caso ilustrativo: el gasto que crece en el área de hábitat y desarrollo humano se explica sobre todo por la atención a personas en situación de calle. Más que una política social activa, refleja el crecimiento del problema que esa asistencia intenta contener.

El techo nacional

El marco nacional condiciona las cuentas locales. A junio, la ejecución de la Administración Pública Nacional cae 34% real frente a 2023 y los servicios de la deuda concentran el 13% del gasto ejecutado —más que Educación, Salud, Ciencia, Vivienda y Trabajo juntas—. Las transferencias a jurisdicciones se recortan de plano: la asistencia técnica a municipios cae 97% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense, 100%.

Para el CEPOES, el seguimiento de la ejecución —y no solo del presupuesto sancionado— es la herramienta central de incidencia: saber qué se gasta y qué se deja de gastar es condición para saber dónde disputar.

La ejecución vuelve a desmentir el relato

Como en salud, el gasto porteño en personal docente tocó en el primer trimestre de 2026 su nivel más bajo en cuatro años, con una leve caída real frente a 2022. Se suma a un ajuste estructural que, según CEPA, acumula cerca del 13% desde 2023, con las obras en establecimientos escolares 11% abajo y las becas estudiantiles 5% por debajo. El discurso de “calidad educativa” convive con partidas que se contraen año a año.

El desfinanciamiento nacional

El plano nacional marca el techo. A junio, Educación representa apenas el 4,84% del presupuesto ejecutado, muy por debajo del piso del 6% que fijaba la Ley de Educación que el Gobierno buscó derogar con el Presupuesto 2026. Programas estructurales como Conectar Igualdad y el Fondo de Incentivo Docente tienen ejecución prácticamente nula, las universidades acumulan un recorte real cercano al 34% y la inversión en infraestructura escolar cayó más del 60% frente a 2023.

Becas e infraestructura: los más golpeados

Las becas retroceden en un contexto donde el costo de materiales, fotocopias y transporte sigue creciendo. Para muchas familias de ingresos bajos, esa diferencia define si un joven permanece en el sistema o lo abandona. La infraestructura escolar arrastra edificios deteriorados y problemas edilicios que las cooperadoras intentan resolver con recursos mínimos.

Lo que dice el gasto de las prioridades

Como en los demás ejes, el ajuste no pega igual en toda la Ciudad. Las comunas del sur —con menores ingresos y mayor demanda de apoyo estatal— son las que más sienten el repliegue. Cuando el Estado se retira, son las madres, los padres y las y los docentes quienes compensan: no es eficiencia, es transferencia de costos a quienes menos pueden sostenerlos.