El semestre cierra con récord de informalidad

Alquileres: desaceleran, pero no aflojan

Según Zonaprop, en junio de 2026 el alquiler de un monoambiente en CABA promedió $755.935 mensuales; un dos ambientes, $860.106; y un tres ambientes, $1.156.992. El rubro subió 1,4% en el mes y acumuló 15,7% en el primer semestre, apenas por debajo de la inflación del período (17,1%). La suba interanual fue del 31,3%, la menor desde noviembre de 2019.

La moderación nominal no equivale a accesibilidad. Aunque la mayor oferta tras la derogación de la Ley de Alquileres contuvo los precios de publicación, el punto de partida sigue siendo prohibitivo: el salario mínimo de julio ($372.400) cubre apenas la mitad de la unidad más chica del mercado.

El salario que no alcanza

El alquiler promedio de un monoambiente equivale hoy a poco más de dos salarios mínimos, y ese salario perdió cerca del 40% de su poder de compra desde noviembre de 2023. Alquilar dejó de ser una transacción de mercado para volverse una barrera estructural de acceso a la vivienda.

Desigualdad territorial

El mapa de precios reproduce la fractura de la Ciudad. En alquiler, Puerto Madero encabeza con $1.260.640, mientras que Lugano es el más económico con $658.410. La brecha entre el barrio más caro y el más barato casi se duplica, y coincide con las zonas de mayor hacinamiento y menor acceso a infraestructura del sur porteño.

El presupuesto que no llega

El Presupuesto 2026 destina a los organismos de vivienda menos del 1% del gasto total, su nivel más bajo en al menos catorce años, con una caída real del 22,9% respecto de 2025. Las partidas para créditos y programas de alquiler representan apenas el 4% del presupuesto de vivienda: los datos contradicen el anunciado giro hacia “la clase media que alquila”.

La situación de calle es la contracara extrema de este cuadro: el censo oficial reconoció 5.176 personas, un 27,8% más que un año atrás; los relevamientos de las organizaciones sociales cuentan 11.892.

Un ajuste que se acumula

Según el Observatorio Económico de CEPA, el presupuesto de salud de la Ciudad prevé para 2026 una caída del 2,7% real, con un ajuste acumulado del 10% desde 2023. El recorte se concentra en los hospitales con mayor demanda de sectores vulnerables: el Argerich, el Durand y el Fernández ven reducidos sus recursos entre 5% y 7%, y el Piñero, cabecera del suroeste, ya acumulaba recortes de hasta el 20%.

El piso nacional que se hunde

El ajuste porteño no ocurre en el vacío. La ejecución presupuestaria nacional a mayo de 2026 cae 31% real respecto de 2023, con la salud entre las funciones más castigadas. La Superintendencia de Servicios de Salud, el Instituto Malbrán, la ANMAT y numerosos hospitales nacionales registran caídas profundas, y varios programas críticos de prevención tienen ejecución nula.

En los hechos, se trasladan costos sanitarios a las jurisdicciones sin transferir recursos.

Salud mental: el eslabón más frágil

El subsistema de salud mental sigue siendo el más expuesto: los hospitales Alvear y Tobar García y los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica arrastran los recortes más profundos. Es el área con menos visibilidad y la que más rápido se deteriora.

La demanda no baja

La red pública —34 hospitales y 50 CeSAC— atiende a quienes no tienen obra social ni pueden pagar una consulta privada. Con una informalidad laboral que trepó al 44,2%, la presión sobre el sistema crece. Los CeSAC son la puerta de entrada de los barrios populares, y su deterioro se siente en los tiempos de espera y en las derivaciones que no llegan.

Una estabilidad que engaña

La tasa de desocupación llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026, con 1,72 millones de personas buscando trabajo sin encontrarlo: 0,3 puntos más que en el cierre de 2025. Pero el dato más elocuente es la informalidad, que trepó al 44,2%, el nivel más alto desde el inicio de la serie. En apenas un año se destruyeron 32.211 puestos registrados mientras el sector informal absorbió más de 400.000 trabajadores. La subocupación, además, subió al 11,1%.

El empleo que se crea es precario

La lectura combinada es clara: el mercado “estabiliza” la desocupación a costa de multiplicar el trabajo no registrado y de tiempo parcial. Casi cuatro de cada diez asalariados no tienen descuento jubilatorio. No es que falte trabajo en términos absolutos; es que el que aparece llega sin derechos, sin aportes y sin protección.

El salario mínimo, en su piso histórico

El Salario Mínimo Vital y Móvil quedó fijado en $372.400 para julio, dentro del esquema dispuesto por decreto ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario. Acumula una caída real cercana al 40% desde noviembre de 2023 y es el más bajo de la historia argentina en términos reales.

El mapa del desempleo

La desocupación golpea más fuerte en el conurbano bonaerense (9,7%) y en el Gran Buenos Aires en su conjunto (8,7%). La Ciudad, con uno de los costos de vida más altos del país, no queda al margen: alquilar, trasladarse y comer consume una porción creciente del ingreso, sobre todo entre las juventudes y los trabajadores informales, que en los barrios populares llegan a nueve de cada diez.

Un ajuste con destinatarios claros

La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional a mayo de 2026 cae 31% real respecto de 2023. El recorte es transversal —salud, educación, ciencia, desarrollo social, infraestructura y producción—, pero no alcanza a todos por igual: los servicios de la deuda concentran el 12% del gasto ejecutado, una cifra que supera a Educación, Salud, Ciencia, Vivienda y Trabajo sumadas. La única función que crece en términos reales es la Secretaría de Inteligencia del Estado, con un aumento del 34%.

La educación, por debajo del piso legal

El desplazamiento de prioridades se ve con nitidez en educación: hoy representa el 4,84% del gasto ejecutado, muy por debajo del piso del 6% que fijaba la Ley de Educación que el Gobierno buscó derogar con el Presupuesto 2026. El superávit que exhibe la gestión nacional se sostiene, en buena medida, sobre partidas que dejaron de ejecutarse.

El impacto sobre las jurisdicciones

El recorte nacional se traslada a provincias y municipios: la asistencia técnica a municipios cae 97% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense, 100%. La Ciudad no es ajena: el conflicto por la coparticipación —recibe el 1,4% de la masa cuando por fallo de la Corte le correspondería el 2,95%— sigue sin resolverse y condiciona sus cuentas.

Mirar el gasto para disputarlo

Para el CEPOES, seguir la orientación del gasto —nacional y porteño— es una herramienta central de incidencia. Saber qué se prioriza y qué se abandona es condición para construir una agenda alternativa desde el territorio.

Un ajuste sostenido desde 2023

El Observatorio Económico de CEPA registra que el gasto educativo de la Ciudad acumula una baja cercana al 13% real desde 2023. Para 2026 la caída prevista es del 3,5% adicional, equivalente a casi 500.000 millones de pesos resignados en cuatro años. Las obras en establecimientos caen 11% y las becas estudiantiles retroceden 5%; los subsidios a cooperadoras y los fondos para educación técnica y de adultos también disminuyen. El ajuste no discrimina nivel ni modalidad.

El desfinanciamiento nacional

El plano nacional marca el techo. A mayo, Educación representa apenas el 4,84% del presupuesto ejecutado, muy por debajo del piso del 6% que fijaba la Ley de Educación. Programas estructurales como Conectar Igualdad y el Fondo de Incentivo Docente tienen ejecución prácticamente nula, las universidades acumulan un recorte real cercano al 34% y la inversión en infraestructura escolar cayó más del 60% frente a 2023.

Becas e infraestructura: los más golpeados

Las becas retroceden en un contexto donde el costo de materiales, fotocopias y transporte sigue creciendo. Para muchas familias de ingresos bajos, esa diferencia define si un joven permanece en el sistema o lo abandona. La infraestructura escolar arrastra edificios deteriorados y problemas edilicios que las cooperadoras intentan resolver con recursos mínimos.

Lo que dice el presupuesto de las prioridades

Como en los demás ejes, el ajuste no pega igual en toda la Ciudad. Las comunas del sur —con menores ingresos y mayor demanda de apoyo estatal— son las que más sienten el repliegue. Cuando el Estado se retira, son las madres, los padres y las y los docentes quienes compensan: no es eficiencia, es transferencia de costos a quienes menos pueden sostenerlos.