El ajuste ya no se proyecta: se ejecuta

Alquileres: desaceleran, pero no aflojan

Según Zonaprop, en mayo de 2026 el alquiler de un monoambiente en CABA promedió $747.102 mensuales; un dos ambientes, $848.509; y un tres ambientes, $1.140.599. El rubro subió 1,7% en el mes y acumula 14,1% en el año, por debajo de la inflación. La suba interanual fue del 32,5%, la menor desde diciembre de 2019.

La moderación nominal no debe confundirse con accesibilidad. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, la oferta se multiplicó —es 3,2 veces superior al mínimo de febrero de 2023— y eso contuvo los precios de publicación. Pero el punto de partida es prohibitivo: el salario mínimo de junio ($367.800) cubre apenas el 49% de la unidad más chica del mercado.

El salario que no alcanza

La distancia entre ingresos y vivienda se amplió. Mientras el alquiler promedio de un monoambiente equivale hoy a poco más de dos salarios mínimos, el poder de compra de ese salario cayó 39,3% real desde noviembre de 2023. Alquilar dejó de ser una transacción de mercado para volverse una barrera estructural de acceso.

Desigualdad territorial

El mapa de precios reproduce la fractura de la Ciudad. En venta, Puerto Madero lidera con USD 6.140 por m², seguido por Palermo (USD 3.403) y Núñez (USD 3.386). En el otro extremo, Lugano (USD 1.041), Nueva Pompeya (USD 1.459) y La Boca (USD 1.577) concentran los valores más bajos, junto con mayor hacinamiento y menor acceso a infraestructura. La misma ciudad, mundos distintos.

Situación de calle: el dato que ordena el resto

El censo oficial del GCBA contabilizó 5.176 personas en situación de calle en noviembre de 2025, un 27,8% más que un año antes (4.049). Los relevamientos de las organizaciones sociales, con metodología propia, cuentan 11.892. Las comunas 1 y 3 concentran casi la mitad de los casos y tres de cada diez quedaron en la calle en el último año. En paralelo, 11.726 hogares perciben el subsidio habitacional como último dique frente al desalojo.

El presupuesto de vivienda 2026 destina a los organismos del área menos del 1% del gasto total, su mínimo en al menos catorce años, con una caída real del 22,9% respecto de 2025. Los datos contradicen el anunciado giro hacia “la clase media que alquila”: las partidas para créditos y programas de alquiler representan apenas el 4% del presupuesto de vivienda.

Un ajuste que se acumula

El Observatorio Económico de CEPA estima para 2026 una caída del 2,7% real en el presupuesto de salud de la Ciudad, con un ajuste acumulado del 10% desde 2023. El recorte se concentra en los hospitales con mayor demanda de los sectores vulnerables. Los hospitales Argerich, Durand y Fernández ven reducidos sus recursos entre 5% y 7%; el Piñero, cabecera del suroeste y zona con los índices de pobreza más altos de la Ciudad, ya acumulaba recortes de hasta el 20%.

El piso nacional que se hunde

El ajuste porteño no ocurre en el vacío. La ejecución presupuestaria nacional a mayo de 2026 muestra una caída real del gasto total del 31% respecto de 2023, con la salud entre las funciones más castigadas: representa apenas el 4,8% del presupuesto. Los hospitales nacionales registran caídas de ejecución de entre el 33% y el 51%; la ANMAT cae 41% y el Instituto Malbrán, 33%. Los gremios del sector hablan de una “provincialización de hecho” de la atención, que traslada costos a las jurisdicciones sin transferir recursos.

Salud mental: el eslabón más frágil

Los hospitales Alvear y Tobar García sufrieron recortes del 20% y 22%, y los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica perdieron el 35% de su presupuesto. Es el subsistema con menos visibilidad y el que más rápido se deteriora.

La demanda no baja

La red pública —34 hospitales y 50 CeSAC— atiende a quienes no tienen obra social ni pueden pagar una consulta privada. Con una informalidad laboral del 43%, la presión sobre el sistema crece. Los CeSAC son la puerta de entrada de los barrios populares: atención primaria, controles de embarazo, vacunación, seguimiento de enfermedades crónicas. Su deterioro no aparece en los titulares, pero se siente en los tiempos de espera y en las derivaciones que no llegan.

La geografía del ajuste vuelve a coincidir con la de la desigualdad: las comunas del sur concentran mayor pobreza, menor cobertura privada y los hospitales con más recortes.

Un mercado laboral deteriorado

La desocupación se ubicó en 7,5% en el último dato disponible, su nivel más alto desde el inicio de la gestión Milei: 1,64 millones de personas buscaban trabajo sin encontrarlo. La informalidad alcanzó al 43% de los ocupados —más de 9 millones de personas sin cobertura de salud, sin aportes jubilatorios y sin protección legal—, con un alza de 1,6 puntos desde diciembre de 2023. El empleo registrado privado sigue en retroceso: casi todo el empleo creado en el último año fue informal.

El salario mínimo, en su piso histórico

El dato más elocuente del bimestre es el del Salario Mínimo Vital y Móvil. Fijado por decreto en $367.800 para junio, subió apenas 1,32%, otra vez por debajo de la inflación. Acumula una caída real del 39,3% desde noviembre de 2023 y, según los análisis sindicales, es el más bajo de la historia argentina en términos reales: su poder de compra está por debajo del de 2001 y equivale a alrededor de un tercio de su máximo de 2011.

La juventud, la más golpeada

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, siete de cada diez trabajan en condiciones informales, y la tasa de desocupación juvenil duplica la general. En los barrios populares el cuadro es más crudo: el 90% de los jóvenes trabaja en la informalidad y muchos tuvieron su primera experiencia laboral a los 15 años o antes.

Salarios e ingresos del hogar

Los salarios registrados acumulan una caída del 7,1% real desde noviembre de 2023. La tasa de actividad llegó al 48,6%, su nivel más alto de la serie: más personas salen a buscar trabajo porque los ingresos del hogar no alcanzan. En la Ciudad, donde el costo de vida es de los más altos del país, alquilar, trasladarse y comer consume una porción creciente del ingreso, sobre todo de los informales.

Entre los desocupados, la construcción concentra el 19,3% y el comercio el 16% —ambos intensivos en mano de obra y con fuerte presencia en los barrios populares—, mientras la industria aporta el 9,7%, en un marco de cierre de pymes y pérdida de empleo formal.

Recursos propios: la actividad que se enfría

El relato del “presupuesto que crece” choca con la recaudación real. En marzo de 2026 los recursos propios de la Ciudad cayeron 5,7% interanual en términos reales. El impuesto a los Ingresos Brutos, que aporta cerca del 77% de los recursos propios, retrocedió 9,9% real y acumula una caída del 46,6% desde octubre de 2023. Detrás de esa cifra está la contracción de la actividad económica: cuando el consumo y la producción se enfrían, el corazón del fisco porteño se enfría con ellos.

Fondos nacionales: el desplome

A la debilidad propia se suma el derrumbe de las transferencias nacionales. En marzo, los recursos de origen nacional cayeron 58,1% interanual y la coparticipación federal, 47,4%. El conflicto por la coparticipación sigue abierto: la Ciudad recibe el 1,4% de la masa coparticipable cuando, según el fallo de la Corte Suprema, le correspondería el 2,95%. Solo en marzo la diferencia no transferida fue de $119.400 millones, y en los últimos doce meses el saldo negativo acumulado asciende a $758.000 millones.

¿Dónde recae el ajuste?

Pese a esa doble pinza, el recorte no se reparte de manera neutral. El presupuesto 2026 prevé caídas reales en salud (−2,7%), educación (−3,5%), vivienda (−22,9%) y cultura (−15%, que acumula −37% desde 2023). El Complejo Teatral pierde más del 40% de sus recursos y el programa Cultural en los Barrios cae 25%.

¿Qué crece?

En contraste con las caídas sociales, sí aumentan partidas de alta visibilidad: alumbrado público (+20%) y obras de mantenimiento urbano (+22%). Son inversiones que se ven, pero de bajo impacto redistributivo. La Ciudad puede mostrar obras mientras los hospitales no tienen insumos, las escuelas carecen de recursos y los barrios no reciben apoyo.

Para el CEPOES, el seguimiento trimestral del presupuesto porteño es una herramienta central de incidencia: saber dónde se gasta —y dónde se deja de gastar— es condición para saber dónde y cómo disputar.

Un ajuste sostenido desde 2023

El Observatorio Económico de CEPA registra que el gasto educativo de la Ciudad acumula una baja cercana al 13% real desde 2023. Para 2026 la caída prevista es del 3,5% adicional, equivalente a casi 500.000 millones de pesos resignados en cuatro años. Las partidas para obras en establecimientos caen 11%, y los subsidios a cooperadoras, la educación inicial, primaria, especial, técnica y de adultos también disminuyen: el ajuste no discrimina nivel ni modalidad.

El desfinanciamiento nacional como telón de fondo

La ejecución nacional a mayo de 2026 confirma la magnitud del retroceso: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registran ejecución prácticamente nula, las becas estudiantiles caen fuertemente y las universidades nacionales acumulan un recorte real cercano al 34% respecto de 2023. La educación técnico-profesional —el Fondo específico (FoNETP)— sufre una reducción cercana al 93%. La inversión nacional en infraestructura escolar cayó más del 60% real frente a 2023.

Becas e infraestructura: los más golpeados

Las becas estudiantiles retroceden 5% en un contexto donde el costo de materiales, fotocopias y transporte sigue creciendo. Para muchas familias de ingresos bajos, esa diferencia define si un joven permanece en el sistema o lo abandona. La infraestructura es otro punto crítico: edificios deteriorados, falta de calefacción y problemas edilicios que las cooperadoras intentan resolver con recursos mínimos.

Lo que dice el presupuesto de las prioridades

Como en los demás ejes, el ajuste no pega igual en toda la Ciudad. Las comunas del sur —donde se concentran los menores ingresos— tienen escuelas con mayor demanda de apoyo estatal y familias con menor capacidad de compensar con recursos propios. Cuando el Estado se retira, la brecha se agranda.

El gasto educativo porteño revela una Ciudad que delega en las familias lo que el Estado deja de garantizar. Cuando se recortan cooperadoras, becas e infraestructura, son las madres, los padres y las y los docentes quienes compensan. No es eficiencia: es transferencia de costos a quienes menos pueden sostenerlos.